EDITORIALES: Escandaloso espionaje en la cumbre del G-20

Denuncian escuchas del Reino Unido en 2009
Escandaloso espionaje en la cumbre del G-20
GRACIAS a los documentos aportados por Edward Snowden –el analista que ha
denunciado el espionaje masivo de EEUU–, hemos sabido que Londres espió a sus
socios del G-20 durante las cumbres que se celebraron en 2009 en el Reino Unido
para jugar con ventaja. Aunque amparadas por la legislación británica, estas
prácticas resultan escandalosas pues minan el clima de transparencia, respeto y
confianza mutua que debe primar en las relaciones entre países civilizados.
También han avergonzado al Gobierno de David Cameron, quien ayer tuvo que dar
explicaciones a aliados como Turquía, indignados por la revelación.
Gran eco de la información de EL MUNDO
Telefónica sube en Bolsa tras el interés de AT&T
LA NOTICIA publicada por EL MUNDO sobre el rechazo del Gobierno a la compra de Telefónica por AT&T tuvo una enorme repercusión en los mercados. De hecho, la empresa española subió ayer un 2,4% en Bolsa. El ministro Soria se limitó a decir que sólo conocía el interés de la estadounidense por invertir en Europa. Sin embargo, los inversores reaccionaron de inmediato: como en el caso de Telefónica, todas las operadoras europeas cotizaron al alza. El Financial Times también recogió la información en su web. Está claro que Telefónica es muy apetecible: además de estar bien gestionada tiene una envidiable presencia en Latinoamérica. El Gobierno ha cumplido con su obligación al frenar la OPA de AT&T, porque hablamos de una compañía estratégica en un sector clave.La directora de la Agencia Tributaria tiene que dimitir
LA AGENCIA TRIBUTARIA admitió ayer que no comprobó el informe remitido la
semana pasada al juez Castro, en el que constaba la venta de 13 propiedades
inmobiliarias por parte de la Infanta Cristina. La Agencia sostiene que se
limitó a enviar al juzgado de Palma los datos suministrados por terceros sin
entrar a valorar su veracidad.
En ese informe aparecían las ventas de pisos, casas y fincas en Alicante,
Ciudad Real y Barcelona por importe de 1,4 millones de euros, realizados en 2005
y 2006. La Casa del Rey desmintió el viernes por la noche, horas después de
filtrarse su contenido, que la Infanta tuviera nada que ver con esas
operaciones.
Han transcurrido cuatro días y seguimos sin tener una explicación convicente
sobre el origen de esos datos de Hacienda. El juez envió ayer un escrito a los
registros de la propiedad de los lugares donde se realizaron las compraventas,
pidiendo la identificación de los titulares de esas operaciones.
En primer lugar, resulta muy extraño, por no decir imposible, que todos esos
registradores de localidades diferentes se hayan equivocado al facilitar los
datos a Hacienda. En segundo lugar, cabe sorprenderse también de que esa
información figurara de forma incorrecta en la Agencia Tributaria, ya que los
vendedores están obligados a pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en
el cual quedan identificados al igual que en el registro de la propiedad existe
un apunte de la transacción. ¿Es que Hacienda no comprueba estos datos?
La Agencia Tributaria se escudó ayer en que se limitó a cumplir la petición
del juez Castro, que le había solicitado toda la información que obraba en su
poder. Pero el automatismo no es una excusa porque se supone que Hacienda está
obligada a contrastar su veracidad, máxime si está respondiendo a la exigencia
de un juez.
Dado que esa demanda de información era sobre el patrimonio de la Infanta,
parece obvio que la Agencia Tributaria debería haberse preocupado de verificar
la autenticidad de los datos. El hecho de que no se tomara esa molestia sólo
corrobora la falta de interés que está mostrando en ayudar a la Justicia en la
investigación del caso Nóos. Hace ocho días, la asociación de técnicos de
Hacienda denunció en un comunicado público que la Agencia Tributaria «no ha
cooperado» con el juez Castro.
El ministro Montoro eludió ayer dar una explicación sobre lo sucedido,
argumentando que carece de información de lo que hacen sus técnicos. Pero él
está obligado a vigilar el buen funcionamiento de la Agencia Tributaria y a
responder políticamente sobre la veracidad de sus informes. Además, ahora
Hacienda está forzada a detectar, hacer público y corregir su error.
Al margen de que haya o no existido dolo o afán de engañar, el hecho es que
ha suministrado una información incorrecta al juez. El mismo automatismo que
operó para responder al encargo, debe funcionar a la hora de establecer
responsabilidades. La directora de la Agencia Tributaria no actuó de forma
diligente y, por ello, debe dimitir.
Se abre el juicio por el asesinato de los niños
El jurado popular no es el adecuado para Bretón
LA APERTURA de juicio contra José Bretón por el asesinato de sus dos hijos
vuelve a poner en entredicho la idoneidad del jurado popular. Nueve ciudadanos
elegidos al azar, siete mujeres y dos hombres, son los encargados de determinar
su inocencia o culpabilidad en un caso complejo y bajo una enorme expectación
mediática. Ya dijimos con ocasión del caso de los trajes de Camps que hay
asuntos que deberían quedar en manos de tribunales profesionales, porque es muy
difícil que personas no preparadas puedan sustraerse a la presión ambiental y
ser imparciales. En nuestras 100 propuestas para la regeneración democrática
propusimos una reforma de la Ley del Jurado que sustituya el actual modelo por
un sistema escabinado, con tribunales compuestos por magistrados y ciudadanos























